La decisión fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión y, además de Correos, otras compañías también fueron apartadas de los procesos.
En total, siete estatales fueron excluidas del Programa Nacional de Desestatificación (PND) y tres del Programa de Asociaciones de Inversiones (PPI).
Del primer plan fueron retiradas las empresas Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT), Brasil de Comunicación (EBC), de Tecnología e Información de la Previsión (Dataprev) y Nuclebrás Equipamientos Pesados S.A. (Nuclep).
Asimismo, la Oficina Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), la Agencia Brasileña Gestora de Fondos Garantizados y Garantías S.A. (ABGF) y el Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada S.A. (Ceitec).
En el caso del PPI fueron separados los almacenes e inmuebles de dominio de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural S.A.-Pre-sal Petróleo S.A. (PPSA) y Telecomunicaciones Brasileñas S.A. (Telebras).
Inmediatamente después del comienzo de su mandato, Lula orientó a los nuevos ministros que adoptaran medidas para revocar los actos que dan seguimiento a las privatizaciones de estatales.
El auto publicado el 2 de enero justifica la medida en razón de una «necesidad de asegurar un análisis riguroso de los impactos de la privatización sobre el servicio público o sobre el mercado en el que está insertada dicha actividad económica».
Tal retirada también va en línea con un dictamen firmado el 5 de abril por los ministros de la Casa Civil, Rui Costa, y de las Comunicaciones, Juscelino Filho, cuando el Consejo del Programa de Asociaciones e Inversiones recomendó la exclusión de Correos y Telebrás del PND.
La Federación Única de Petroleros cumplió el 24 de marzo una huelga en todo Brasil, para demandar la interrupción en el sector de las privatizaciones en curso.
Demandó que la administración federal actúe con más fuerza en el sentido contrario a las desnacionalizaciones.
De acuerdo con la federación, después de tres meses de Gobierno de Lula, la empresa petrolera de economía mixta Petrobras todavía sufre con el control dejado por Bolsonaro.
«La junta directiva y el Consejo de Administración de la empresa siguen ocupados por nominados de Bolsonaro. Ellos corren contra el tiempo para concluir las ventas de activos, mientras boicotean las propuestas de reconstrucción de la estatal», alertó la entidad.
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