El comunicado hace alusión a la rápida aprobación de la Ley Naíl-Retamal, donde se amplían las atribuciones a carabineros, policías y ejército para utilizar sus armas de fuego si –a su juicio- su vida o integridad física están en peligro.
Rechazan, además, la declaración del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de aplicar prisión preventiva a ciudadanos extranjeros sin documentación legal en el país.
En su comunicado, los trabajadores del Instituto señalan que “no podemos quedar ajenos ante al actual contexto sociopolítico, de populismo penal y legislativo, que tiene como correlato el menosprecio de los derechos humanos y falta de protección por parte del Estado”.
Acerca del principio de “legítima defensa privilegiada”, contenido en la Ley Naíl-Retamal, aseguran que propicia un nivel de impunidad muy alto y crea un escenario en el cual las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales queden sin justicia.
Recuerdan, además, el accionar del Cuerpo de Carabineros durante el estallido social de 2019, cuando murieron numerosas personas, cientos sufrieron heridas graves con secuelas permanentes y pérdida de la visión, y miles fueron detenidas de manera arbitraria.
Tampoco podemos callar, agregan, ante el anuncio de la Fiscalía de Chile de solicitar la prisión preventiva a todas las personas extranjeras no regularizadas, porque representa una medida discriminatoria y desproporcionada.
Todo ello, precisan, es una muestra de retroceso en la democracia y una mala noticia para la paz social.
También reclaman en el texto que el Consejo Directivo del INDH se pronuncie sobre esta situación.
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