En declaraciones a ese diario, Lepin expresó su preocupación por la situación del ciberactivista, quien permanece encerrado en Reino Unido desde que Ecuador le retiró en 2019 el asilo político otorgado siete años antes y permitió que la policía lo arrestara en su embajada en Londres.
A mediados de 2022, el gobierno británico comunicó su decisión de permitir su extradición a Estados Unidos y en estos momentos se espera una respuesta a la apelación de su defensa.
El país norteamericano pretende juzgarlo por sacar a la luz crímenes de guerra cometidos por sus militares en Iraq y Afganistán, y miles de archivos secretos de su diplomacia.
De ser procesado y declarado culpable por un tribunal de esa nación, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de 17 cargos relacionados con la ley de espionaje que se le imputan.
Según Lepin, las revelaciones hechas por Assange expusieron a Washington como un violador de derechos humanos.
Cuando fueron divulgados los cables, cayó la tesis planteada por Estados Unidos en los espacios políticos internacionales sobre la supuesta existencia de armas químicas en Iraq. Inventaron esa película y se la hicieron creer a todos para invadir un territorio, indicó.
Abusan de una manera muy enferma. Lo ocurrido allí y lo que sufrían los presos en Guantánamo (base naval en Cuba) son cosas muy perversas. Sabemos frente a quién estamos, el calibre del enemigo y lo que está dispuesto a hacer, añadió.
La periodista chilena precisó que el fundador de Wikileaks lleva mucho tiempo sin recibir la atención médica adecuada y estaba entre los plantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos asesinarlo.
Por otra parte, resaltó las acciones realizadas desde Latinoamérica para exigir su liberación, entre ellas la emisión de una declaración durante el III Foro Mundial de Derechos Humanos, la cual fue firmada por el presidente argentino, Alberto Fernández, y la vicemandataria Cristina Fernández.
También destacó el respaldo recibido de los jefes de Estado Andrés Manuel López Obrador (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).
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