“La pretensión de los días de paro de 36 días fue clara, tumbar a un Gobierno electo democráticamente, sin importar las consecuencias, el dolor de la población cruceña. No les ha importado vulnerar el derecho de las familias humildes”, aseguró el dirigente del sector en urbe, Peniel Torres.
Esa medida de fuerza con la consigna de “censo 2023, sí o sí”, fue impulsada por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el dirigente «cívico» Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuella y el asesor legal del llamado Comité Interinstitucional (CI), José Luis Santistevan.
A nombre del CI ellos encabezaron la medida de fuerza que trascendió los límites de la protesta pacífica porque se caracterizó por los bloqueos con el uso de la violencia, los ataques racistas contra comunidades indígenas y barrios populares, la ocupación, el saqueo y los incendios de las sedes de organizaciones obreras y campesinas.
La paramilitar Unión Juvenil Cruceñista subordinada a Camacho y Calvo empleó de manera indiscriminada en esas agresiones petardos y medios pirotécnicos de alta potencia, garrotes y objetos punzantes y cortantes.
Como saldo, se registraron cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal a una menor de edad y diversas expresiones de vulneración de los derechos humanos.
Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas, otras sustancias prohibidas y en ellos se hizo consuetudinaria la extorsión contra choferes y mototaxistas.
Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.
Sin embargo, en su defensa, Cuéllar expresó este domingo en su cuenta de Twitter que se trata de una citación en calidad de denunciado originada por una acusación de elementos afines al Gobierno.
“Hemos tenido pérdidas cuantiosas en el sector gremial, han venido grupos armados, grupos radicales pagados de bandas que han hecho desmanes en la ciudadela, a la propiedad privada (…), estos hechos no pueden quedar en la impunidad, nosotros exigimos que se actúe con todo el peso de la ley”, insistió, por su parte, el líder gremial.
El Plan Tres Mil fue un objetivo priorizado durante semanas por los grupos de choque de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado del CI, que cada noche atacaba con medios pirotécnicos de alta potencia para obligar a sus moradores a acatar el paro.
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