Tal accionar emergió nueve días después que un hombre armado con un hacha matara a cuatro niños e hiriera a otros cuatro, en una guardería en el sureño estado de Santa Catarina.
Los mensajes fueron eliminados después que la cartera preguntara a la plataforma sobre su permanencia en el ciberespacio.
A principios de semana, Twitter fue criticado por el Gobierno y los usuarios tras mantener publicaciones con contenido extremista.
El secretario nacional del consumidor, Wadih Damous, notificó a las redes sociales que se adhieran a las nuevas reglas para combatir la diseminación de temas violentos.
Dio un plazo de 72 horas para que envíen un informe sobre las medidas adoptadas para monitorear, limitar y restringir argumentos que inciten a las agresiones contra escuelas y estudiantes.
Twitter causó sorpresa al alegar que un perfil con foto de asesinos de niños no violaba los términos de uso de la red.
El informe está previsto en la ordenanza que estableció normas para el servicio prestado por los escenarios digitales.
Por la publicación, los administradores tendrán hasta dos horas para eliminar contenido violento. En último caso, la plataforma que no se ajuste a las reglas podrá ser suspendida.
La víspera, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía puso a disposición un número de la aplicación multiplataforma de mensajería instantánea de teléfonos inteligentes WhatsApp para denuncias de amenazas de ataque en escuelas.
El (61) 99611-0100 entró en funcionamiento y los usuarios podrán enviar textos, enlaces, imágenes y archivos multimedia, lo cual facilita la identificación del presunto agresor.
También el mismo número atenderá por la aplicación Telegram e interesados podrán hacer denuncias llamando al Dial 100, incluso vía celular, de forma gratuita.
Quien presente la denuncia deberá informar al lugar de la coacción y, en su caso, al sospechoso.
Si la intimidación es en una red social, el denunciante podrá pasar el enlace de la publicación y del perfil del autor del mensaje.
Las denuncias recibidas por el Dial 100, WhatsApp o Telegram serán enviadas a las fuerzas de seguridad y al Consejo Tutelar de la región informada por el denunciante.
Si se cometen delitos cibernéticos, la acusación será transmitida a la Policía Federal. En cualquiera de los canales, la denuncia podrá ser anónima.
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