El análisis, conducido por investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, determinó que las personas encarceladas tienen muchas menos probabilidades de recibir tratamiento en comparación con los otros residentes del país.
El estudio encontró, por ejemplo, que los reos recientemente privados de libertad con diabetes tipo 2 representaban alrededor del 0,44 por ciento de la carga de la afección en la nación, pero solo recibían el 0,15 por ciento de los medicamentos antihiperglucémicos orales, casi una diferencia de tres veces.
Otro tanto ocurre con los asmáticos, que constituyen el 0,85 por ciento de la población total de Estados Unidos con esa dolencia, sin embargo, se les dispensa apenas el 0,15 por ciento del volumen para el caso de los tratamientos.
«Nuestros hallazgos plantean serias preocupaciones sobre el acceso y la calidad de la atención farmacológica para condiciones de salud crónicas muy comunes entre los reclusos», dijo el autor principal del estudio, G. Caleb Alexander, Doctor en Medicina y profesor del Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg.
Aunque era conocido que la población encarcelada tiene una mayor prevalencia de algunas enfermedades crónicas, el experto aseguró que a los investigadores los sorprendió mucho el alcance de la insuficiencia en cuanto a los tratamientos.
“La atención de la salud en las cárceles la brinda un mosaico de proveedores, por lo general contratistas privados que no comparten la información sobre los servicios para los prisioneros», añadió por su parte el coautor de la investigación, Brendan Saloner, profesor asociado en el Departamento de Política y Gestión de la Salud de la Escuela Bloomberg.
Esa falta de transparencia, ahondó, significa que los legisladores tienen una imagen muy incompleta de los medicamentos que están disponibles durante una estadía en la cárcel o prisión.
Para su estudio divulgado en la publicación JAMA Health Forum, los científicos utilizaron cifras de encuestas nacionales de salud entre 2018 y 2020 para estimar las tasas de afecciones crónicas entre los reos, y una base de datos de recetas comerciales para determinar la distribución de tratamientos con medicamentos.
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