La norma, recién aprobada por el Legislativo establece que el Estado debe proteger los derechos del concebido a la vida, la salud, la integridad moral, psíquica y física; la identidad, el libre desarrollo, bienestar y otros”
Define al concebido como “el ser que resulta de la unión de un óvulo y un espermatozoide, lo cual ocurre antes de la implantación en el útero”, concepto que religiosos y políticos fundamentalistas utilizan contra el anticonceptivo oral de emergencia y el aborto terapeútico.
La ex primera ministra, Mirtha Vásquez, opinó que la ley significa “un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las expone a la muerte, sobre todo a las más vulnerables y pobres”.
Se refirió así a que las embarazadas pobres, cuando deciden interrumpir un embarazo no deseado, se someten a servicios clandestinos y precarios de abortos, pues en Perú el aborto es ilegal y solo se permite el terapéutico.
“Los llamados defensores de los concebidos han inducido a la creencia de que abortar siempre es un acto criminal y malvado de las mujeres, al cual recurren cuando tienen un embarazo no deseado por promiscuas, irresponsables o inmorales”, añadió.
Indicó que la ley pretende bloquear lo que “muchas veces, es la única opción de vida para una mujer; la razón terapéutica, cuando la salud de la madre se complica y para salvarla, hay que interrumpir el embarazo, el aborto terapéutico”, autorizado desde hace casi un siglo y que, por la nueva norma, no será posible.
La ley fue presentada por el legislador Alejandro Muñante, del partido Avanza País, parte de un bloque considerado de derecha extrema e integrado también por Fuerza Popular y Renovación Popular. Los tres grupos son aliados locales del partido extremista VOX de España.
Para la Defensoría del Pueblo el gobierno debe observar (impugnar) la polémica ley porque contradice decisiones del sistema de justicia, al atentar contra los derechos reproductivos.
Según la Defensoría, los Centros de Emergencia Mujer atendieron en 2022 siete mil 614 violaciones de niñas y adolescentes y se registraron mil 624 nacimientos de madres de 14 años o menos.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) rechazó con similares razones la nueva norma, porque atenta contra la salud reproductiva, la vida y la salud de las víctimas de violencia sexual. La organización femenina Manuela Ramos demandó al Gobierno que impugne la ley, pues no son asuntos legales “sino nuestras vidas las que están en juego”-
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán manifestó que la norma “atenta contra la salud y la vida de las mujeres y niñas” y condenó a los congresistas que aprobaron la ley por “legislar contra nuestros derechos”.
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