“Estamos preocupados, estamos convocando a reuniones para evaluar esta situación. Están empezando nuevamente con sus medidas de presión, perjudicando a la población, el trabajo y el desarrollo del país y del departamento”, aseguró Eufronio Herrera, dirigente de ese movimiento social al canal estatal Bolivia Tv.
Herrera reiteró la convocatoria a una reunión de sectores populares en Santa Cruz para evaluar lo que se avecina con el supuesto rechazo a leyes que todavía no son tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional por encontrarse en fase de socialización con los sectores implicados.
El presidente del Comité Cívico (CC) Pro Santa Cruz, Fernando Larach, convocó a marchas para mañana en rechazo a los proyectos de Ley 280 y 305 que tienen que ver, en un artículo, con el trabajo de la prensa y la lucha contra el lavado de dinero, respectivamente.
De concretarse esas movilizaciones, que en realidad tienen fines políticos desestabilizadores antigubernamentales, aseveró Herrera, los campesinos se organizarán para “defender la democracia, las decisiones que toma el Gobierno, las fuentes de trabajo y el desarrollo del departamento”.
Criticó el dirigente del campesinado que a esos grupos de poder no les interesa el desarrollo departamental ni del país, sino sus intereses personales con el CC a la cabeza.
Recordó que el paro con violencia de 36 días impuesto en octubre y noviembre del año pasado con la consigna de “Censo de Población-2023 sí o sí” dejó a mucha gente de escasos recursos económicos endeudados, y esa situación colmó la paciencia de quienes viven de su jornal diario.
Esa medida encabezada por el gobernador, Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, trascendió los límites de la protesta pacífica y se caracterizó por los bloqueos con el uso de la violencia.
Hubo ataques racistas contra comunidades indígenas y barrios populares, ocupación, saqueo e incendios de las sedes de organizaciones obreras y campesinas.
Como saldo quedaron cuatro muertos, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal a una menor de edad y diversas expresiones de vulneración de los derechos humanos.
Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias prohibidas y en ellos se hizo consuetudinaria la extorsión contra choferes y mototaxistas.
Desde el punto de vista económico, Bolivia perdió más de mil millones de dólares.
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