Durante una rueda de prensa efectuada al término de una asamblea del grupo, representantes de la confederación afirmaron que luego de 20 años de discusiones sigue vigente el código aprobado en el país en 1884.
La Coalición consideró que el enfoque planteado en ese momento constituye una “barbaridad” al dejar morir a una mujer, negarle atención médica y castigarla con cárcel, simplemente por verse en la necesidad de interrumpir un embarazo.
Manifestaron que el trabajo de movilización, información y diálogo realizado como grupo permiten que hoy la mayoría de la población apoye la despenalización al menos cuando la vida de la mujer está en riesgo o la gravidez es producto de una violación o incesto.
La alianza reiteró a la clase política “que nos tendrán de frente y activas, alzando la voz por cada mujer que vive el trauma de una gestación de alto riesgo o se ve obligada a tener un embarazo forzoso luego de ser víctima de una violación.
En República Dominicana esa práctica se traduce en la negación de atención médica a miles de féminas, adolescentes y niñas, especialmente en casos de situaciones extremas, lo que provoca muertes y sufrimientos para las familias.
Sobre la necesidad de cambiar este marco legal, son varios los organismos internacionales que se han pronunciado, entre estos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres surgió en 2014, cuando el Congreso dominicano aprobó un proyecto de código penal que mantenía el mismo tratamiento hacia el aborto que el de 1884.
El pasado 8 de marzo centenares de dominicanas exigieron su despenalización, así como la reducción de los índices de mortalidad materna.
Tras marchar por la centenaria calle El Conde, en el centro histórico de Santo Domingo, se apostaron frente al Altar de la Patria para desde allí pedir, una vez más, la legalización de esa práctica.
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