República Dominicana y Haití comparten una frontera común de 320 kilómetros en la caribeña isla La Española. Los habitantes de la parte menos desarrollada de la ínsula suelen huir por centenares cada día en busca de refugio en su más cercana vecina, donde no son bienvenidos.
La disposición del mandatario, amparado en las leyes locales, ocurre dos días después de la visita a Santo Domingo de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, con quien analizó la crisis política y socio-económica de esa nación, donde bandas paramilitares de delincuentes y narcotraficantes dominan la mayor parte del territorio.
Para analistas, la decisión de Abinader de impedir la llegada a tierras dominicanas de los 39 ciudadanos por supuesta “amenaza para los intereses e instituciones de la República”, según instruyó al director general de Migración, Venancio Alcántara, podría estar relacionada con sus conversaciones con Sherman en el Palacio Nacional.
Sin embargo, esta es la segunda prohibición ordenada por el mandatario respecto al ingreso de determinadas personas procedentes del cercano país. El pasado 22 de septiembre impidió la entrada del exprimer ministro Claude Joseph, y de 12 líderes de grupos armados, que batallan entre sí por el control del narcotráfico y las armas en distintas demarcaciones.
También a fines del pasado mes, Abinader sostuvo una conversación telefónica sobre el mismo tema con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo gobierno impuso sanciones a reconocidos empresarios haitianos.
El gobierno dominicano, que mandó levantar un muro en la zona fronteriza para evitar el pase de posibles emigrantes, sostiene que los problemas de Haití lo tienen que resolver sus nacionales, ya que no son, afirma, asuntos de competencia local.
Según el rotativo Listín Diario, los mencionados en la ordenanza tienen conflictos con el sistema de justicia haitiano, relacionadas con el tráfico de armas y el apoyo a las bandas criminales, lo que justificaría la limitación de su acceso a este territorio.
La decisión de Abinader está amparada por el artículo 128 de la Constitución Nacional, que lo faculta a prohibir la entrada de extranjeros cuando resulte conveniente al interés público.
En ese mismo sentido funciona la Ley General de Migración con quienes constituyan algún tipo de amenaza a la seguridad nacional.
Las autoridades de Haití, el más pobre de la región, azotado por huracanes y sismos, y donde impera la anarquía, han solicitado la presencia extranjera para tratar de controlar las más de 150 pandillas que asesinan, secuestran y roban sin importarles el nivel económico de las personas, sean nacionales o foráneos.
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