El proyecto ya había pasado por los dos recintos legislativos, pero debió tratarse por tercera ocasión debido a algunos reparos hechos cuando fue examinado en el Senado.
De acuerdo con este nuevo instrumento legal, los hijos de una mujer que muera como consecuencia de la violencia de género recibirán una pensión mensual de 160 mil pesos (unos 200 dólares), los cuales podrán ajustarse según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor.
Ese apoyo también será entregado en los casos del denominado suicidio femicida, el cual ocurre cuando una mujer decide quitarse la vida debido a maltratos, amenazas y otras conductas violentas de su pareja.
La norma establece un fuero laboral especial de un año, destinado a quienes sean víctimas de un femicidio frustrado o atentado para permitirles asistir a las audiencias o juicios correspondientes.
Quienes resulten culpables de estos delitos, además de la pena establecida en el Código Penal, perderán sus derechos parentales.
La diputada Karol Cariola, miembro del Partido Comunista y una de las impulsoras de la legislación, declaró que se trata de una contribución significativa, no sólo para visibilizar las consecuencias de la violencia de género, sino para buscar una reparación.
No obstante, agregó, el Estado chileno debe hacerse cargo de la situación y evitar que a las mujeres las sigan asesinando en el país.
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