Las evidencias fueron aportadas al juez federal Felipe Delgadillo por la Fiscalía General (FGR), las cuales prueban comisión de tortura y desaparición forzada de los estudiantes, y del montaje de la denominada “verdad histórica”, sustentada en delitos de lesa humanidad.
El Ministerio Público Federal imputó al que fuera titular de la PGR de diciembre de 2012 a febrero de 2015, y a quien correspondió la primera etapa de las investigaciones encaminadas a establecer el paradero de los 43 normalistas que fueron víctimas de policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, en combinación con integrantes del Cártel Guerreros Unidos, la noche del 27 de septiembre de 2014.
Ayer, la FGR acusó a Murillo Karam “de formar parte de una empresa criminal” que cometió “delitos de lesa humanidad” y “cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada”.
El jueza desestimó los señalamientos de la defensa de Murillo Karam que aseguraban que el Ministerio Público Federal no aportó ningún elemento de prueba que acredite que el exfuncionario dio indicaciones para que se cometieran actos de tortura o violaciones a la ley en la investigación del caso Ayotzinapa.
Sin embargo, el juez consideró válidos los elementos de prueba aportados, que según la tesis de los representantes de la FGR, durante una conferencia de prensa que Murillo Karam encabezó el 27 de enero de 2015 habría dado “indicaciones de manera secreta” a Tomas Zerón y otros respecto de la línea que debían seguir para crear y dar sustento a la llamada «verdad histórica».
En su argumentación, los representantes de la FGR señalaron que Felipe “N”, quien fue presentado como uno de los participantes en la desaparición de los 43 normalistas, fue una víctima de «actos de tortura» y que durante la gestión de Murillo Karam se cometieron de manera generalizada violaciones graves a los derechos humanos que deben ser considerados delitos de lesa humanidad en el caso Ayotzinapa.
Asimismo, los fiscales mencionaron y se dieron como válidas las pruebas que refieren que integrantes del Ejército, miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia), Tomás Zerón -el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)- y personal de la Policía Federal Ministerial, participaron en detenciones ilegales y actos de lesa humanidad.
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