La semana pasada, la iniciativa propuesta por el gobierno y conciliada por los diputados afines tras controversias, quedó lista para ser votada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado.
Allí el gobierno tiene los votos para darle luz verde a una de las promesas fundamentales que se fijó el presidente Luis Lacalle Pou en la campaña que le llevó a la Torre Ejecutiva, sede del Ejecutivo, por reñida votación.
En las últimas semanas, el proyecto fue tema de discordia entre los partidos que hacen parte de la coalición gubernamental y tienen la mayoría en el Parlamento.
La argumentación fundamental del gobierno, reconocida por tirios y troyanos, es que el sistema actual jubilatorio resulta a futuro insostenible financieramente.
En ese teje y maneje se modificaron numerosos artículos, que el opositor Frente Amplio aduce no tener en sus manos, por lo cual se retiró de una discusión previa entre diputados.
Por su parte, la central única de trabajadores, el PIT-CNT, mantiene su rechazo a lo negociado a sus espaldas, aunque afirma que pese a los cambios el proyecto impone más años de labor a sus afiliados y con menos retribuciones jubilatorias.
A fin de cuentas, la normativa pudiera decidirse esta semana en el recinto legislativo, cuyas inmediaciones serán copadas por el movimiento sindical, una movilización anunciada de antemano para el momento de la votación.
De hecho los sindicatos de transporte público y de servicios bancarios ya adelantaron paros para esa jornada -el martes-, para cuando el PIT-CNT podría convocar a huelga general.
Como dijo a Prensa Latina el miembro del Secretariado de la central sindical uruguaya, Jorge Bermúdez, «la batalla contra la reforma jubilatoria apenas comienza».
De su lado, el Frente Amplio ha dicho que de regresar al gobierno, en 2025, transformaría el sistema de seguridad social.
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