El presidente de ese cuerpo legislativo, Sebastián Andújar, del oficialista Partido Nacional, adujo que pese a los cambios al texto original, la normativa no perderá sustancia ni el objetivo final de ser sostenible financieramente.
Andújar desestimó críticas del opositor Frente Amplio y del movimiento sindical respecto a que la iniciativa hará que los trabajadores laboren más años y reciban menos prestaciones jubilatorias.
A juicio del diputado frenteamplista, Gonzalo Civila, la esencia de la reforma jubilatoria es exigirle a la gente más requisitos para jubilarse.
Civila entiende que esta ley será un retroceso en derechos para la mayoría de la población.
«Hay algunos sectores que podrían hacer aportes mucho más sustantivos para el sistema de la seguridad social en Uruguay que han quedado por fuera de la discusión, del debate. Sectores empresariales muy poderosos con una capacidad de aporte mayor», dijo.
El proceso de negociación de la iniciativa provocó roces a lo interno de la coalición gubernamental y su aprobación por la cámara baja el martes último determinó un paro nacional y movilización de la central sindical PIT-CNT, que estudia otros mecanismos constitucionales para continuar acciones de rechazo.
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