Recientemente la administración del presidente Gabriel Boric decidió enviar a las fuerzas armadas a la zona norte con el propósito de controlar los pasos clandestinos por donde muchas personas intentan ingresar a Chile.
Numerosos grupos quedaron estancados en la zona y otros trataron de internarse en territorio peruano en busca de distintas alternativas.
Medios de prensa de ese país acusaron a los militares chilenos de ayudar a los migrantes en este intento, tras lo cual las autoridades de Lima enviaron a su ejército a custodiar sus límites, no sólo en el sur, sino con todos sus vecinos. Ante esta situación el alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola, advirtió que se podría generar un enorme campamento de personas en una situación crítica, cuyas consecuencias se sentirían más allá de las fronteras.
Además de quienes tratan de llegar a Chile, hay también muchos que buscan salir de aquí, ya sea para retornar a su país o dirigirse a otros destinos.
Este jueves el senador por la Región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulsa, propuso la creación de un corredor humanitario con el objetivo de permitir que las personas puedan atravesar Perú bajo vigilancia y viajar a donde lo deseen.
En igual sentido se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, para facilitar a quienes desean retornar a su lugar de origen, que lo hagan de manera ordenada y segura.
La cancillería chilena declaró que el despliegue de militares peruanos en sus fronteras es una decisión soberana y debe respetarse, si bien mencionó la existencia de contactos permanentes con las autoridades vecinas para buscar una solución al problema.
Durante los últimos meses migrantes en situación irregular comenzaron a salir de Chile debido a numerosas razones, entre ellas el endurecimiento de las normas para legalizarse, la falta de trabajo y el elevado costo de la vida.
Además, la fiscalía general de la nación advirtió que se aplicará prisión preventiva a los extranjeros detectados sin la documentación requerida.
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