Funcionarios inmobiliarios mexicanos se hacen eco de notificaciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, según las cuales ese esquema opera en Puerto Vallarta, Jalisco, para beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los “tiempos compartidos” se refieren a las ventas o alquiler de inmuebles que contratan vacacionistas u otras personas por lapsos determinados -una semana, una quincena, un mes- por una vez o más en el año, pero nunca lo disfrutan.
Uno de los requerimientos es pago adelantado por internet, de manera que no se establece una relación personal cara a cara.
Eduardo Espino, un ciudadano mexicano y acusado de tráfico de metanfetamina en Estados Unidos, fue designado por la mencionada oficina operador de tiempos compartidos del CJNG.
La notificación alerta del profundo involucramiento del CJNG en el fraude con tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta y otros lugares, que comúnmente apunta a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad y puede defraudar a las víctimas al acabar con sus ahorros de toda la vida.
El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que dicho esquema es un importante ingreso que tiene ese cártel, y los mexicanos que aparecen en la lista de los 10 más buscados por la DEA están involucrados en el mismo, entre ellos dos hijos de Joaquín Guzmán, El Chapo.
Agrega que Puerto Vallarta es un importante centro de operaciones del cártel. Ahí, Espino, quien fue investigado desde 2019 como operador del CJNG en el tráfico de metanfetamina, dirige el esquema de tiempos compartidos, como presunto trabajador de la empresa Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V.
Ahora añaden a Besthings, S.A. de C.V., una agencia de viajes, Produzioni Peca, empresa de venta al por mayor, RH Litman, Servicios Administrativos Dantwoo, y otra firma de apoyo de empresas y Sociedad Spa Peninsula, un salón de belleza.
Brayan Luquin y Horacio Lelo de Larrea, ambos mexicanos, fueron designados por trabajar para el CJNG en su esquema de tiempos compartidos con las empresas AKA Integral Services, de construcción, Envigh, una inmobiliaria, Suncan Mexico, otra inmobiliaria y Trados Comercio, de construcción.
Los otros mexicanos Luis Lorenzo Gómez, Clemente Padilla, Pedro Rivas y Ian Jassiel Gonzalez, son acusados, a su vez, de participar en el esquema a través de varias empresas como Atlantic Diamond Group, inmobiliaria, y Constructores B2, y agencia de viajes, entre ellas Bussines Corporativo T Service Inc.
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