Presentada por el propio titular de esa cartera, Juan Manuel Pino, en abril de 2021, el proyecto legislativo encontró no pocos tropiezos en su análisis y aprobación, hasta que una subcomisión técnica, luego de eliminar delitos asociados como la corrupción, decidió enviarla a un primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Pero la iniciativa no pasó más allá del segundo debate, cuando diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), mayoría de los 71 curules, Cambio Democrático y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista se ausentaron a la sesión especial la víspera y dejaron sin quorum necesario para sancionar el llamado proyecto 625.
Mientras, el titular del legislativo, Crispiano Adames, otro de los aspirantes a la Presidencia de la Republica por el PRD en comicios generales de 2024, decidió archivar la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos que enfrentaría delitos como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, en su más reciente redacción.
Acto seguido, Adames, quien debe abandonar su cargo para enfrentar la carrera electoral, clausuró la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias, que expiraba el venidero 30 de abril.
En declaraciones a la prensa, el propio Pino señaló que podría ser lamentable para el país que el Legislativo rechace- como lo ha hecho- esta ley, vista como una herramienta clave para acabar con el brazo financiero del crimen organizado, al tiempo que alertó que los tiempos también desempeñan su rol, toda vez que la actual administración cesa en sus funciones luego de elecciones generales en mayo del próximo año.
Pino llegó a asegurar que de aprobarse esa ley, el 80 por ciento de lo recaudado se destinaría a obras sociales e instó al sector privado, a la Fiscalía, al Órgano Judicial y la cartera de economía, entre otras instituciones, a seguir este tema.
Analistas y organizaciones populares estimaron por su parte, que el rechazo a la legislación de algunos diputados del PRD era de esperarse, pues muchos de ellos están impugnados en procesos penales por los delitos previsto en la futura ley, de acuerdo con recientes denuncias.
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