El órgano legislativo aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria, un acuerdo en el que repudió las acciones judiciales emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos, referidas a una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La OFAC decidió la víspera, bajo la Licencia General 42, despojar a la República Bolivariana de la empresa Citgo, asentada en territorio estadounidense.
El texto, aprobado por los parlamentarios, advirtió que cualquier ejecución de esa licencia es nula e ilegal y será desconocido por el Estado venezolano y por la Asamblea Nacional.
Propuso al Ministerio Público investigar las acciones ejecutadas en otros países, en las cuales estén implicados venezolanos residentes en el exterior.
Al intervenir, el diputado Jesús Faría manifestó que la República Bolivariana es víctima del robo de Citgo y calificó como un acto de cinismo la decisión del Departamento del Tesoro estadounidense.
Ayer el presidente Nicolás Maduro denunció en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, que se trata de un “robo descarado” de una empresa estimada en más de ocho mil millones de dólares, con más de 10 mil bombas de gasolina en el país norteño, y que reporta al año más de mil millones de dólares en ingresos.
Subrayó que decidieron entregar Citgo a un grupo de gente desconocida, supuestamente la directiva de la Asamblea Nacional pasada, que ya en Venezuela no existe, gente que, dijo, “ninguno de nosotros conocemos”, viven en el exterior y huyeron como ratas en su momento.
Un comunicado del Ministerio para las Relaciones Exteriores denunció anoche, ante la comunidad internacional, la política de agresión sostenida de Estados Unidos contra Venezuela, mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras de carácter restrictivo y punitivo.
Estas acciones están dirigidas a controlar y apropiarse de sus activos en el extranjero con la intermediación de la autodenominada Plataforma Unitaria de oposición, quienes en conducta apátrida insisten en ocasionar daños irreversibles a nuestro pueblo, indicó la nota.
Puntualizó que la República Bolivariana se reserva el derecho a tomar todas las medidas legales a su alcance para evitar que se concrete “esta nueva agresión” y determinar las correspondientes responsabilidades criminales, dentro y fuera del territorio nacional.
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