Un reporte de entidad, divulgado por el diario El Observador, refiere «restricciones y amenaza» recogidas en el último año.
Resulta una apreciación totalmente discordante con la de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), adscrita a la Organización de Estados Americanos, que no registra incidentes contra la labor de los comunicadores del país.
Pero la ONG uruguaya Cainfo reportó 66 ataques o restricciones a la prensa uruguaya en un año.
Según su medición, se detiene la tendencia creciente constatada en informes previos, pero la cifra casi triplica el promedio registrado de violaciones previo a la pandemia por la Covid-19.
Cainfo toma en cuenta la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.
Si bien diversos organismos reconocen que en Uruguay no se registran asesinatos contra periodistas ni encarcelamientos, Caifo advirtió la amenaza de muerte contra la comunicadora Silvia Techera, en el departamento de Cerro Largo.
Alerta sobre «falta de garantías» para el ejercicio de la labor informativa en la frontera con Brasil por el accionar del crimen organizado.
La organización detalló que en el último año 11 de los ataques a la prensa estuvieron relacionados a la cobertura del caso Astesiano, como se le llamó a las investigaciones sobre el exjefe de la custodia del presidente de la República.
Dos de esos episodios tuvieron como “atacante” al propio mandatario.
A fines de noviembre Lacalle Pou afirmó que hay una “práctica periodística con tinte político en la cual todos los días sacan chats”.
En febrero acusó de tener “una vinculación política” a “dos medios de prensa” por publicar información sobre Astesiano, en referencia a Tv Ciudad y el periódico La Diaria.
En el período un grupo de profesionales del rotativo El Observador denunció censura por parte de la gerencia de ese medio de comunicación, respecto a notas sobre el caso Astesiano.
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