Junto a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, también fue imputada por infracciones su madre, Rita Molinelli Freytes, y la corporación familiar Ocean Front Villas.
La parlamentaria, de una dilatada militancia de izquierda en defensa de los sectores oprimidos, los estudiantes y la defensa del ambiente, calificó la acción de la Opfei de “una patraña y una falsedad”.
Nogales Molinelli, abogada de profesión, se convirtió en blanco de constantes ataques del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), luego de que en el último año pusiera en evidencia cómo se violentaron las leyes de deslinde en un condominio en el suroeste de Puerto Rico que beneficiaba a parientes del gobernador Pedro R. Pierluisi.
Ahora, los senadores anexionistas Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías se combinaron para denunciar ante el Ministerio de Justicia a Nogales Molinelli, luego de que ella misma admitiera que omitió información en su informe de ética, el cual no le permitieron enmendar, como ocurrió con una treintena de miembros de la Asamblea Legislativa.
El ministro de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, procedió a recomendar un fiscal especial independiente (FEI) contra la representante del MVC, lo que trascendió la semana pasada pero no se materializó hasta este miércoles.
Los fiscales actuantes en este caso, Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón, Leticia Pabón y Zulma Fuster, tienen un largo historial vinculado al FEI y atribuyen a los imputados declarar “un ingreso mucho menor de lo que realmente recibieron” entre los años 2017 y 2021.
La defensa integrada por los prominentes letrados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Frank Torres Viada, anunció que cuenta con dos testigos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y del Ministerio de Hacienda de Puerto Rico, aunque por lo regular no se presentan en esta etapa del proceso.
En tanto, la Opfei se propone presentar una voluminosa evidencia, incluidas cinco declaraciones juradas y copias de informes financieros ante la jueza Iraida Rodríguez, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan.
Además, anunció que cuenta con tres testigos para que comparezcan en esta etapa del proceso que está dirigido a determinar causa para arresto de comprobarse los hechos.
El fiscal Mendoza Rosario afirmó que presentarán “planillas falsas y fraudulentas desde la perspectiva de lo que es un oficial de una corporación” y evidencia de “haber mentido en cuanto a los ingresos, lo que es equivalente a perjurio”.
Debido a un reclamo de inhibición a la jueza Rodríguez por haber intervenido anteriormente para autorizar órdenes de registro de cuentas bancarias vinculadas al caso, este se paralizó por cinco días laborales.
Durante ese periodo, la jueza administradora del Tribunal de Primera Instancia debe determinar si Rodríguez se inhibe, tal como reclamó Andreu Fuentes ante la necesidad de que la rama judicial funcione como un ente imparcial.
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