El 29 de marzo el Ejecutivo publicó que ampliaría la caducidad hasta este miércoles, que vencería el 3 de abril, atendiendo a una solicitud de parlamentarios vinculados al sector de seguridad pública, grupo conocido como Bancada de la Bala.
De acuerdo con la orden, las «armas de fuego de uso permitido y de uso restringido adquiridas a partir de la edición del decreto 9.785, de 7 de mayo de 2019, serán registradas en el Sistema Nacional de Armas», incluso aquellas inscritas en otros procedimientos.
La cantidad de aparatos bélicos en circulación en el país creció en los últimos años debido a la política de incentivo y facilitación de compra, adoptada durante el gobierno del derrotado mandatario Jair Bolsonaro.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, reconoció que el número de armas registradas en la Policía Federal (PF) superó el inventario mantenido por el Ejército.
Según la PF, más de 824 mil armas fueron asentadas desde febrero, cuando el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió el plazo para el registro.
Mientras tanto, el sistema del Ejército apunta a 772 mil reconocimientos de instrumentos de fuego.
Del total de armas contabilizadas por la PF, 782,3 mil son de uso permitido y 41,7 mil de calibre restringido.
El Gobierno desea concentrar todos los registros de los artilugios de guerra en posesión de la población en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm), bajo responsabilidad de la PF.
Tal intervención incluye el arsenal de cazadores, tiradores y coleccionistas (CACs), que actualmente es controlado y registrado por el Ejército.
Al final del plazo, quien no haga el asiento puede tener el armamento decomisado y responder por los delitos de porte y posesión ilegal, previstos en el Estatuto de Desarme de 2003.
Pese a la centralización del registro de armas, este no sustituirá la comprobación de requisitos para la obtención de la posesión o porte.
La ordenanza prevé además que, en los días del examen, el propietario de los aparatos puede entregarlas de forma voluntaria en los puntos de recogida de la Campaña de Desarme.
Antes de la administración de Bolsonaro había 350 mil 600 armas en manos de integrantes de los CACs. El número se triplicó después: un millón seis mil 725, según datos del Ejército, recopilados por los institutos Igarapé y Sou da Paz.
Cada 24 horas, 449 brasileños reciben una licencia para porte de armas.
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