La jefa de la SCJN, abiertamente adversaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha aprobado solo dos de 20 decretos presentados por el mandatario, debe dictar solución de una parte de la muy debatida reforma de leyes secundarias electorales, o Plan B, que los partidos de oposición impugnan aun cuando fue aprobada por el parlamento.
Conociendo la posición política de la magistrada, la Consejería Jurídica le pidió actuar previamente, por “orden de prelación y seguridad jurídica”, sobre la constitucionalidad de un decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social y posteriormente, el Plan B ya anunciado.
El asunto estriba en que el decreto de la ley general fue aprobado antes de las elecciones de 2018 por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional a su imagen y semejanza -aunque aun así triunfó López Obrador ese año- y está impugnado desde entonces por la Cámara de Senadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero su vigencia puede afectar cualquier proceso judicial por el antecedente de que bajo su amparo existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal, recuerda la Consejería.
Con esta petición, el Ejecutivo Federal pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un llamado a la SCJN para que resuelva tales asuntos sin consignas ni distingos políticos, señala el reclamo.
A cinco años de que se le dio entrada al trámite no se ha dictado sentencia definitiva, concluye la petición de la Consejería Jurídica.
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