En declaraciones a la prensa, el parlamentario catalogó de acto criminal e injerencista la confiscación de esa entidad y aseguró que es una muestra de las prácticas corruptas de Washington.
Rodríguez indicó que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, dependiente del Departamento del Tesoro, de entregar la empresa Citgo Petroleum Corporation, corresponde a complacer intereses de un sector de la oposición con sede en el país norteamericano.
Tenemos un sector de la oposición venezolana que solo se ha dedicado a recrudecer las sanciones y entregar los activos de Venezuela en el exterior como parte de su entramado de corrupción y miseria, subrayó.
El legislador apoyó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien tildó esta medida como “un robo descarado», pues aseveró que esta empresa posee en suelo estadounidense alrededor de 10 mil estaciones de servicio y su costo supera los 13 mil millones de dólares.
Detalló que la empresa venezolana obtiene anualmente ganancias que sobrepasan los mil millones de dólares, dividendos que por más de cuatro años el país no recibió y fue robado por Estados Unidos.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó ayer de zarpazo y de nefasta la Licencia 42 emitida por la OFAC, que pretende despojar activos nacionales en el país norteño.
Al término de una reunión con los representantes diplomáticos acreditados en Caracas que asistieron a la conferencia internacional convocada el 25 de abril último en Colombia por el presidente Gustavo Petro, el diplomático señaló que esa decisión se contrapone a los avances alcanzados en ese encuentro.
Precisó que su Gobierno expresó “la burla que ha significado esta licencia” en contra del espíritu de la reunión del pasado mes.
En declaraciones a la prensa nacional y extranjera la víspera, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ratificó la decisión de Venezuela de desconocer cualquier acción relacionada con esa licencia.
Rodríguez responsabilizó a la administración estadounidense de esta decisión y ahora se presentan como víctimas ante la comunidad internacional al decir que “no tienen nada que ver”.
La vicemandataria ratificó que su Gobierno no reconocerá ninguna negociación y tipo de acuerdo de pago alguno, a acreedor que no esté avalado por el Estado.
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