Según expertos, la Fiscal de Apelación en Monte Líbano constituye un caso único al actuar contra un sistema corrupto respaldado por las articulaciones, instituciones y departamentos del estado y el sector privado en el país.
En medio de las presiones públicas locales e internacionales, la jueza no retrocedió y movió expedientes relacionados con el gobernador del Banco Central (Banque du Liban), Riad Salameh, bajo sospecha de corrupción y evasión fiscal.
La magistrada Aoun emitió previamente una prohibición de viajar contra Salameh, y también tomó una serie de medidas contra los presidentes de las juntas directivas de varios bancos libaneses, en un paso que incitó a estas instituciones a protestar contra la decisión judicial.
Ayer, el Consejo Disciplinario de Jueces en Líbano decidió despedir del servicio a la fiscal, quien presentará una apelación a través de su facultad jurídica ante la Suprema Autoridad Disciplinaria en el plazo de 15 días.
En este contexto, varios ciudadanos organizaron una sentada frente al Palacio de Justicia en esta capital en solidaridad con la letrada y los manifestantes bloquearon la carretera durante algún tiempo como protesta.
Líbano sortea los obstáculos del cuarto vacío de poder en su historia después de la independencia, tras el fin del mandato presidencial de Michel Aoun el 31 de octubre y bajo un gobierno interino de limitados poderes constitucionales.
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