La usurpación de la filial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela a través de la Licencia General 42 de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio fe de la real postura de Washington hacia el país sudamericano.
El presidente Nicolás Maduro calificó de robo la “resolución indigna” y señaló se trata de un mensaje directo de entreguismo
Decidieron entregar Citgo a un grupo de gente desconocida, supuestamente a la directiva de la Asamblea Nacional pasada, que ya en Venezuela no existe, gentes que, dijo, “ninguno de nosotros conocemos”, viven en el exterior y huyeron como ratas en su momento.
Subrayó que es un “robo descarado” de una empresa estimada en más de 13 mil millones de dólares, con más de 10 mil bombas de gasolina en el país norteño, y que reporta al año más de mil millones de dólares en ingresos.
En declaraciones a la prensa Nacional y extranjera la vicepresidenta Delcy Rodríguez responsabilizó a la administración estadounidense de esta decisión y dijo ahora se presentan como víctimas ante la comunidad internacional al decir que “no tienen nada que ver”.
Esta es una licencia sin precedentes que favorece a grupos económicos, fundamentalmente estadounidenses, y subrayó que el Gobierno de Joe Biden se sirvió de un tribunal para su propio beneficio, además de seguir financiando a grupos de la oposición
Apuntó que Washington asistió con una delegación a la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro, en Colombia, pero fueron a burlarse de la comunidad internacional, de América Latina y el Caribe, de países europeos, «se burlaron en sus caras”, enfatizó.
También la medida estadounidense recibió el rechazo unánime del Poder Legislativo, que en un acuerdo advirtió que cualquier ejecución de esa licencia es nula e ilegal y será desconocido tanto por el Estado venezolano como por la Asamblea Nacional.
Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) asumieron similar postura en un comunicado que tildó de “inmoral e ilegal” la acción de la administración estadounidense.
Un hecho que recibió el beneplácito de la inmensa mayoría de los venezolanos fue el decreto firmado por Maduro que elevó los ingresos de los trabajadores a 70 dólares a través de la Cestaticket y del Bono de Guerra económica, dos instrumentos utilizados por el Ejecutivo para paliar el impacto del bloqueo.
Al día siguiente del anuncio el 1 de mayo, el gobernante concretó la decisión y señaló que los montos serán indexados a la tasa de cambio oficial del Banco Central para que no sufran las consecuencias de la fluctuación del dólar y los ataques a la moneda nacional, y se sumarán además al salario que percibe la clase trabajadora.
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