Todo lo contrario a lo que le había solicitado la Consejería Jurídica del Ejecutivo de actuar previamente, por “orden de prelación y seguridad jurídica”, sobre la constitucionalidad de un decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social, pendiente desde 2018, y posteriormente la reforma a leyes electorales secundarias, conocida como Plan B.
Este lunes es clave porque en la sesión del pleno de la SCNJ donde la derecha tiene una amplia mayoría la cual encabeza su magistrada presidenta Norma Piña, parece estar todo acordado en contra de la iniciativa del Ejecutivo, el cual denunció ayer en un comunicado las presuntas violaciones en este proceso.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) subrayó en ese texto que, de invalidarse el proceso legislativo con el que se avalaron dichas reformas, la Corte “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.
Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la ley fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los parlamentarios.
De hacerlo, aclara, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.
Además, sostuvo que debe prevalecer el fondo sobre la forma, ya que así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que, agregó, fue utilizado por la SCJN al resolver un recurso de reclamación relacionado con la Ley de Hidrocarburos.
Previo al debate en el pleno de este lunes, luego que la Corte descartó la solicitud de atender la controversia pendiente desde 2018 a la Ley de Comunicación Social antes de iniciar la discusión sobre el Plan B, la Consejería denunció que, al rechazar la petición, la SCNJ aplica dos parámetros distintos de una misma norma impugnada.
El primero, dijo, para revisar las leyes del régimen neoliberal que en cinco años no han querido dictar sentencia, y el segundo, uno distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular para la trasformación que exige el pueblo de México.
La denuncia se centra en que la SCNJ se propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022, que son parte del Plan B, con el argumento de que “no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual es falso”, insistió.
Aclaró que, al aprobar el proyecto del Ejecutivo, el Legislativo no violó el principio de deliberación democrática, como intentan hacer creer los magistrados pues durante la aprobación del Plan B, el Congreso cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, e incluso, con los criterios de la propia SCJN, finaliza el texto de la Consejería.
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