Los señalamientos son la reacción a su afirmación, ayer en una entrevista, de que como presidenta es la jefa de las Fuerzas Armadas, no tiene mando sobre ellas, lo que descarta las responsabilidades en torno a 69 muertes durante las protestas contra su ascenso al cargo.
“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos (los militares)” que reciben órdenes de su jefes, dijo la mandataria. El exministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido expresó que la presidencia no solo tiene mando sobre las Fuerzas Armadas, sino que puede dar órdenes y revocar instrucciones .
“Los militares tienen la obligación de informar al superior de las operaciones; por lo tanto, el Gobierno tiene responsabilidad de todos los actos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía”, añadió.
El también extitular de Defensa y almirante jubilado Jorge Moscoso señaló que los uniformados actuaron en virtud de un decreto gubernamental de emergencia ante las protestas realizadas entre diciembre y marzo últimos, lo que conlleva responsabilidad.
Agregó que la mandataria, con sus declaraciones, puso en duda la política del Gobierno hacia las Fuerzas Armadas, la que debe despejar convocando a una reunión del Consejo de Defensa Nacional, en el que participan los uniformados.
En esa reunión, añadió, debe rechazar de plano los señalamientos internacionales sobre posibles violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales, durante las protestas.
Yovana Mendoza, dirigente de una de las Asociaciones de Víctimas de la Represión, sostuvo que la jefa de Estado y el primer ministro, Alberto Otárola, reaccionan “como cualquier persona a la que encuentran cometiendo un delito y para defenderse lo único que hace es mentir”.
Para la analista Laura Arroyo, la declaración permitó ver que “frente a quienes dicen que el gobierno sigue igual de fuerte, vemos un quiebre evidente entre la dictadora y las Fuerzas Armadas”.
El abogado Juan José Quispe, defensor de derechos humanos, anotó que las órdenes de reprimir las protestas se gestaron en el Consejo de Ministros encabezadas por Boluarte y Otárola.
“Por tanto, está clara la responsabilidad penal para estos altos funcionarios del Estado; desde ahí se determinó cómo, cuándo y dónde iban a debelarse las protestas sociales”, agregó.
El exjefe de las Fuerzas Armadas César Astudillo dijo que es evidente que la mandataria intenta “quitar el cuerpo en esta situación en la que tiene una responsabilidad funcional”
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