Se trata de la reforma a dos leyes: la ley de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, aprobadas por el Congreso de la Unión e impugnadas por el Instituto Nacional Electoral.
Los partidos opositores Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, promovieron acciones de inconstitucionalidad junto a otros dos grupos menores. Los únicos votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que la SCJN decidió proteger intereses particulares. En sus redes sociales, el titular de la política interior reprochó que «nueve ministros pasaran por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares».
Advirtió que el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares y, ante ello, «no hay de otra: Plan C en las urnas», pues la Corte rechazó esta parte de la reforma electoral.
Según parece, los legisladores del bloque oficialista, que constituyen mayoría, podrían volver a presentar una iniciativa con las mismas reformas de ley. La mayoría de la SCJN está abiertamente en contra del gobierno, muy en particular su presidenta Norma Piña.
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