Un comunicado señaló que la referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI solo recoge las opiniones de «víctimas potenciales», determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna reconocida como tal por ese organismo.
Venezuela denunció, no obstante, que las denominadas «víctimas potenciales » y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalizad democrática de la nación sudamericana.
El texto de la Cancillería subrayó que, con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que sostuvo el país desde el inicio del proceso ante la CPI: “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.
Denunció que es el pueblo venezolano el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de Estados Unidos, en clara transgresión del Derecho Internacional.
La República Bolivariana ratificó que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación, frente a la ofensiva que utiliza la institucionalizad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser.
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