Desde la ciudad de Viña del Mar y acompañado por los ministros del Interior, Carolina Tohá; y de Justicia, Luis Cordero, el mandatario reafirmó la voluntad de su administración de mantener la protección de la gente y resguardar la seguridad ciudadana.
En alusión a los resultados de las elecciones del Consejo Constitucional, en las cuales la derecha y la extrema derecha lograron los puestos necesarios para redactar a su manera el nuevo texto, Boric afirmó que su agenda no se va a modificar “por coyunturas”.
Respecto a la nueva ley, ésta actualiza las herramientas para perseguir el trasiego ilegal de estupefacientes y permite golpear con más eficacia el sistema financiero generado por la actividad del crimen organizado.
En particular amplía la capacidad del Estado para decomisar los bienes muebles e inmuebles adquiridos con esos recursos y ponerlos a disposición de proyectos públicos de bienestar social o iniciativas privadas sin fines de lucro.
También aumenta la fiscalización de la ruta del dinero y la detección de las vías para “limpiar” los capitales originados por la venta ilícita de drogas.
En materia penal, la norma incrementa las sanciones contra quienes provean de drogas a niños y adolescentes, o de alguna manera los involucren en esa actividad.
La legislación crea un nuevo delito para sancionar a los que administren sustancias prohibidas a terceros sin su consentimiento.
En la ceremonia el presidente dijo que el objetivo es golpear al crimen organizado y recuperar los barrios tomados por bandas de narcotraficantes.
“Que todas las chilenas y chilenos puedan vivir tranquilos en sus comunidades, que recuperen sus espacios públicos, sus parques, sus plazas y puedan caminar por las calles sin miedo”, precisó el gobernante.
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