En la notificación punitiva de agosto de 2017, el también exsenador es acusado de lavado de dinero, corrupción pasiva y organización criminal.
La denuncia fue presentada dos años antes por el entonces procurador general Rodrigo Janot, en la causa de la Lava Jato.
Según la imputación, con la ayuda de otros implicados, Collor habría solicitado y aceptado promesa para viabilizar de forma irregular un contrato de cambio de bandera de estaciones de combustible entre la compañía BR Distribuidora, objeto de investigación en el proceso de Lava Jato, y la empresa Derivados de Brasil.
En ese sentido, habría recibido para sí y los demás acusados una ventaja pecuniaria indebida.
Ante los hechos, el colegiado decidirá si están presentes autoría y materialidad para la caracterización de los crímenes atribuidos.
De acuerdo con la Fiscalía General, en razón del apoyo al Gobierno federal, el Partido Trabalhista Brasileño, en la época de Collor, pudo indicar nombres para cargos en la BR Distribuidora, lo cual propició entre 2010 y 2014 que los denunciados integraran una organización criminal.
Se formó ese grupo delictivo con el propósito de desviar recursos en beneficio particular, corromper agentes públicos y blanquear valores, a partir de la influencia del exgobernante (1990-1992), junto a la sociedad de economía mixta.
Al recibir la denuncia sobre el delito de corrupción pasiva, con exclusión de la señalada causa de mejorar, el ministro Edson Fachin (relator) citó extractos de la acusación con testimonios de colaboradores y testigos.
De igual manera, aludió a pruebas documentales, como mensajes electrónicos y espejos de transacciones bancarias, que apuntan a la presunta práctica del delito por los denunciados Fernando Collor, Pedro Paulo y Luís Pereira Duarte.
Para Fachin, la descripción de la denuncia hace plausible imputar al exasambleísta el poder de influir en los contratos investigados, con la finalidad de provecho propio.
Asimismo, de acuerdo con el ponente, pruebas documentales adjuntas a los autos, así como testimonios de colaboradores y testigos, demuestran la plausibilidad de la acusación de la fiscalía, según la cual Paulo sería operador particular del exmandatario en el supuesto esquema.
Tal sujeto intermediaría en transferencias de valores en especie y por medio de depósitos en cuentas. De igual manera, afloraron indicios de la actuación de Pereira Duarte, director de una de las empresas de Collor.
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