En los últimos dos años se agravó la situación nacional, caracterizada por el aumento de la inseguridad, recesión económica, incremento de la pobreza, disturbios políticos y la ausencia de un consenso nacional.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 agudizó la crisis institucional de Haití, que desde el año anterior contaba con un Parlamento disfuncional tras vencerse los mandatos de los diputados y de dos tercios de los senadores.
Además, el sistema judicial, afectado por las huelgas recurrentes, sufrió la muerte del presidente de la Corte de Casación, la mayor instancia judicial del país.
Todo lo anterior tiene un impacto negativo en la situación de los derechos humanos y genera violaciones porque las entidades estatales que deben intervenir en ese fenómeno no funcionan realmente bien, reconoció Hédouville.
La paralización del sistema judicial afecta de manera especial la prevención preventiva prolongada que padece ocho de cada 10 reos del país, pese a las acciones que intenta llevar a cabo el Gobierno.
A ello se suma la creciente influencia de los grupos armados que controlan prácticamente la capital y otras zonas de los departamentos Oeste y Artibonite en un reinado de terror responsable de la muerte de miles de personas.
Solo en los primeros tres meses de este año, Naciones Unidas denunció que más de mil 400 personas fueron asesinadas, sufrieron heridas o fueron víctimas de secuestro en la nación caribeña.
El organismo internacional también alertó de una nueva ola de violencia que vive el país con más de 600 muertes violentas el pasado abril y la respuesta de los ciudadanos que comenzaron a linchar a los presuntos miembros de pandillas.
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