El hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo acogerá a los participantes, luego de que la víspera el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, dio instrucciones sobre los preparativos de la consulta, en la que participarán los organismos de justicia, seguridad y defensa de la nación.
También fueron convocados estudiantes y representantes de las facultades de derecho, la Universidad Nacional para la Seguridad, el Parlamento Comunal, jóvenes y los jefes de los bloques estadales parlamentarios.
Para tal fin fue creada una comisión mixta dirigida por el diputado Diosdado Cabello, que integran, además, miembros de las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional; de Política Exterior, Soberanía e Integración; y de Contraloría.
La metodología aprobada para la audiencia indica que abarcará dos meses de trabajo, un buzón para introducir las recomendaciones y un instructivo para recoger las propuestas de las instituciones del Estado y del pueblo venezolano, de acuerdo con una nota de prensa del Parlamento.
En su sesión ordinaria del pasado 2 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad este Proyecto de Ley, cuyo objetivo es combatir el crimen organizado y los delitos económicos novedosos, que no tienen precedentes en el país y trascienden la historia republicana, según la fuente.
La propuesta de este proyecto de ley surgió a raíz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de despojar a Venezuela de la empresa Citgo a través de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, aprobada el 1 de mayo.
Esa entidad es propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, está asentada en territorio norteño y cuenta con un valor patrimonial de más de 13 mil millones de dólares, según el Observatorio Venezolano Antibloqueo.
El Proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero consta de dos capítulos y 11 artículos, y protegerá los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades, en el extranjero.
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