De acuerdo con el diario La Prensa, solo en este quinto mes del año 13 precandidatos a diferentes cargos de elección popular por la libre postulación abandonaron la carrera por la recolección de rúbricas de respaldo.
Según el Código Electoral, los aspirantes independientes deberán compilar firmas equivalentes al dos por ciento de los votos válidos en la consulta de 2019, pero solo tres, los que tengan mayor cantidad, aparecerán en la boleta el próximo año.
El politólogo Richard Morales, quien aspiraba a una curul en el Parlamento por el circuito capitalino 8-4 refirió al informativo que el proceso se deformó por «las groseras cantidades que utilizan los partidos para pagar activistas».
Otros aseguraron que se necesita tiempo, paciencia, y en efecto, mucho dinero.
La economista Maribel Gordón, quien aspira a obtener una de las tres candidaturas a la presidencia de la República por la libre postulación, a nombre de las fuerzas progresistas, también denunció el clientelismo en ese proceso.
Para Gordón este flagelo se combate presentando propuestas “reales, concretas y con participación del voluntariado”.
La activista social mantiene un ascenso en su recolección de rúbricas y su éxito radica en el recorrido frecuentes por las comunidades y el contacto con la gente, aseguró.
Por su parte, la arquitecta Sandra Escorcia, quien declinó a su precandidatura a la Alcaldía de Panamá, apunta directamente a las inmensas desventajas que existen entre aquellos que van por la libre postulación frente a los que han militado en algún partido político y ahora quieren hacer política como independientes.
Luis Pinedo, del movimiento Consulta Ciudadana y quien busca llegar a la Alcaldía de Panamá a través de la libre postulación, indicó que la ley permite la remuneración de los activistas.
Recordó que todo fondo que salga o entre de las campañas será fiscalizado por el Tribunal Electoral en el informe que se debe entregar antes del 31 de julio.
Para el abogado Eduardo Quirós, que aspira a llegar a la Presidencia por la libre postulación, aseveró que los rectores del proceso, que son el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral, tienen la responsabilidad de tomar medidas y no lo hacen .
Apuntó además a fallas en la tecnología y le falta supervisión sobre todo en lugares como los quioscos donde se hacen las firmas y se dan las mayores prácticas clientelistas.
El 5 de mayo de 2024, los panameños elegirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, y 71 diputados a la Asamblea Nacional.
Con el voto escogerán además a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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