La iniciativa demoró más de cuatro años de trámite legislativo y sufrió numerosas modificaciones, y por fin fue despachada a ley con el voto contrario del ultraderechista Partido Republicano y algunos miembros de la coalición conservadora Chile Vamos.
Este mecanismo de recaudación permitirá que una parte de las ganancias derivadas de la extracción de recursos no renovables retorne a las comunidades donde están ubicadas las grandes instalaciones mineras.
El Ejecutivo anunció la creación de tres fondos diferentes por donde se canalizarán alrededor de 450 millones de dólares hacia los Gobiernos regionales y municipales.
De acuerdo con el ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, el tributo comenzará a recibirse de manera parcial en 2024 y se incrementará gradualmente hasta 2026.
Además de garantizar una distribución más justa de los ingresos, permitirá avanzar en la descentralización fiscal y el desarrollo en el interior del país.
Según Marcel, gracias a la nueva ley serán financiadas obras públicas, infraestructura, programas de investigación y se mejorará la seguridad en el país.
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