Bajo sospecha por malversación de fondos y corrupción, Salameh no asistió ayer a una audiencia ante la jueza francesa Aud Bourizi en París y la magistrada decidió emitir una orden internacional para su arresto.
A través de un comunicado, el gobernador criticó la decisión de la jueza de instrucción y consideró tal decisión una violación de las leyes más elementales.
En este sentido, Salameh consideró que la jueza no respetó los plazos legales estipulados en la ley francesa, a pesar de su conocimiento y certeza de ello.
De acuerdo con la Agence France-Presse (AFP), el abogado del gobernador Pierre-Olivier Sur manifestó que la citación fue enviada demasiado cerca del día y por lo tanto, era «inválida».
Sin embargo, una fuente legal libanesa confirmó a AFP esta semana que las autoridades no entregaron el llamado a interrogatorio a Salameh, a pesar de cuatro intentos de la policía de hacerla llegar al Banco Central.
El periódico local Al Akhbar reflejó que tal paso procesal es una medida de respuesta ante la ausencia del directivo libanés e insistió en la terminación de todo el expediente, que incluye, además del gobernador, personalidades y entidades.
Al mismo tiempo, aclaró que Líbano no extradita a ciudadanos buscados a países extranjeros para ser juzgados y exigirá a las autoridades francesas la entrega de los archivos para investigar y enjuiciar a los acusados.
En este contexto, fuentes cercanas al gobernante expresaron que este último actuará sobre la base del no reconocimiento del memorando y espera que los funcionarios libaneses no cumplan con la orden francesa.
Durante dos audiencias en marzo pasado ante investigadores europeos en Beirut, Salameh negó haber transferido dinero del Banco Central a sus cuentas personales dentro y fuera del país.
El mes anterior, un juez libanés levantó la prohibición de viajar impuesta al gobernador, lo que le permitiría comparecer ante la justicia francesa en la citación de ayer.
Desde fines de 2021, investigadores en Suiza, Francia y Luxemburgo indagan en la trayectoria de Salameh por sospecha de malversación de fondos del Banco Central.
Hace un año, la agencia de cooperación de justicia penal de la Unión Europea ayudó a congelar unos 132 millones de dólares en activos de libaneses en Francia, Alemania, Luxemburgo, Mónaco y Bélgica, que incluyen propiedades y cuentas bancarias.
La medida está vinculada a la investigación de lavado de dinero que relaciona a cinco ciudadanos, entre ellos Salameh, bajo cuestionamientos de malversar alrededor de 330 millones de dólares.
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