Al alertar sobre la situación, la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, sostuvo que esta política fue impulsada por el exsenador Abel Nazario, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), y Julia Keleher, ministra de Educación en la administración del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Ambos personajes, Nazario y Keleher, fueron condenados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico por corrupción.
“Las escuelas chárter, conocidas también como escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública, para sufragar entidades privadas”, planteó la dirigente de los maestros federados.
Acompañada de los senadores María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la FMPR se opone, junto a otras organizaciones, a la Ley 85-2018.
En cambio, los dirigentes gremiales exigen que se apruebe de inmediato en la Asamblea Legislativa un proyecto de moratoria al establecimiento, expansión o modificación de las empresas chárter y que lo firme el gobernador Pedro R. Pierluisi, del PNP.
Para reforzar estos reclamos, dijo, convocamos a los maestros y maestras, a las madres, encargados y a la ciudadanía a una marcha el 1 de junio, 15:30 hora local, saliendo de la Plaza Colón hasta La Fortaleza, sede del ejecutivo.
“Convocamos al pueblo a que salga a defender la educación pública y exija un alto a la privatización de la educación”, apuntó.
La defensora de los derechos de los niños y niñas pertenecientes al programa de educación especial, Carmen Warren, recalcó que “en el historial de las chárter en Estados Unidos se evidencia que discriminan contra los estudiantes con diversidad funcional y comunidades marginadas”.
Mientras, vicepresidente de la FMPR, Edwin Morales Laboy, expuso que en el caso de los docentes no les garantizan sus derechos, ni beneficios marginales.
“Este es un modelo de negocios corporativo que busca lucrarse y privilegiar a unos pocos mientras priva a miles de estudiantes de escuelas públicas de una educación segura y de calidad”, comentó.
Como parte del esquema privatizador, el Ministerio de Educación cierra escuelas públicas y las alquilan a las entidades con fines de lucro a razón de un dólar mensual o, en el peor de los casos, le ceden los edificios escolares clausurados para sus chárter.
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