Las normativas jurídicas coinciden en que fueron propuestas por el oficialista Bloque de la Patria, las aprobaron con carácter urgente y por unanimidad parlamentaria, y surgieron en medio de la guerra económica y el latrocinio interno de grupos afines al Ejecutivo y de la oposición extremista.
También apuntan a establecer justicia, “caiga quien caiga”, y defender, por encima de todo, la soberanía de la nación ante las acciones punitivas promovidas desde Estados Unidos en complicidad con la derecha, lo que el presidente Nicolás Maduro calificó como filibusterismo del siglo XXI.
Esto último, referido a la denuncia sobre el despojo de la filial petrolera Citgo, radicada en territorio estadounidense, y que mediante la Licencia General 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro fue transferida para planes macabros a la extremista Plataforma Unitaria.
El Parlamento sancionó el 27 de abril pasado, en tercera discusión, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un nuevo instrumento que tendrá la República Bolivariana para enfrentar la corrupción y otros delitos vinculados al narcotráfico y el terrorismo.
Esta tiene 46 artículos y cuatro capítulos y busca reparar los daños causados al Estado y al pueblo por hechos de corrupción, a través de mecanismos que permitan identificar, localizar y recuperar los bienes mal habidos.
Debe tenerse en cuenta que, su proceso de presentación y discusión, ocurrió en medio de denuncias por la Fiscalía de al menos cinco tramas de corrupción, en las que estuvieron implicados funcionarios de la administración pública, el Poder Judicial y empresarial privado.
El presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Diosdado Cabello, manifestó la víspera en sesión plenaria que ya se ven los resultados de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Luego de su promulgación por el Presidente, este dispuso que los bienes decomisados a los corruptos, valorados en millones de dólares, se pondrán al servicio del pueblo, a través de los diferentes programas impulsados desde el Gobierno nacional.
El mandatario señaló que esta viene a ser la primera ley para “golpear durísimo a estas mafias corruptas”, que han pretendido posicionarse en el escenario de la vida nacional, política y del Estado.
Tras la aprobación ayer de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, valoró el carácter normativo de los dos instrumentos legales.
Ponderó que ambas disposiciones serán “herramientas fundamentales” para el rescate de los dineros y activos robados, y el castigo de quienes incurrieron en tan graves delitos.
Rodríguez expresó que están forzados al rescate de cada centavo robado y “estamos obligados a sancionar duramente” a aquellos que incumplieron el sagrado juramento de respeto a la patria y se comportaron como verdaderos apátridas, al hacerle terribles daños al pueblo venezolano y sus instituciones.
Al decir de Cabello, esta última Ley complementará la de Extinción de Dominio, al establecer sanciones ejemplarizantes para los que usurparon cargos, entre ellos nombramientos ficticios, y para los grupos que intervinieron en el robo de los bienes de la nación.
Esta norma consta de dos capítulos y 13 artículos, y protegerá los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero, y declara inexistente y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas que pretenden usurpar los cargos de la República.
Estas dos novedosas leyes de la vida republicana de Venezuela, apenas son el comienzo de un proceso que fue anunciado el pasado mes por el titular del Parlamento, de crear una comisión especial para revisar todas las leyes relacionadas a la lucha contra la corrupción.
El grupo de trabajo estará presidido por Cabello, junto a legisladores de las comisiones de Política Interior, Contraloría y Economía, y tiene por objetivo hacerlas “más enérgicas y eficientes”.
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