El enojo de los padres de los jóvenes por la absolución se debe a que Sidronio lidera la banda delictiva a la cual se le adjudica la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, y casi nueve años después de marchas, denuncias, protestas, el caso sigue sin aclararse, y suceden cosas como la ejecutada por un juez de distrito.
No se aclara bien en la comunicación del tribunal si el mafioso seguirá tras las rejas, porque en la comunicación se especifica que es absuelto del delito de delincuencia organizada.
El argumento del juez es ridículo, según los padres de los jóvenes, pues se basa en que la fiscalía no acreditó en octubre de 2014 la existencia del cártel Guerreros Unidos ni demostró que Sidronio perteneciera a alguna organización criminal, a pesar de toda la evidencia surgida en la investigación de Ayotzinapa.
Voceros de los familiares de los desaparecidos se mostraron muy enojados y exigieron se investigue a ese funcionario del tribunal distrital que tomó la determinación de exculpar al connotado delincuente.
La comunicación judicial señala que el 12 de mayo de 2023 se dictó sentencia definitiva en la causa penal del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, seguida en contra de Sidronio “N” por el delito de delincuencia organizada.
También a José “N” por el mismo delito más otros dos por secuestro agravado. En dicho fallo, por un lado, se absolvió a ambos por el primer delito, pero condenó a José “N” a la pena de 92 años de prisión y multa por los plagios.
Lo inaudito, señalan los familiares, es que el Juzgado de Distrito excluyó todas las pruebas -47 en total- contra Sidronio bajo el argumento de que sus derechos fundamentales fueron violados mediante tortura.
Es decir, el método usado por Jesús Murillo Karam, exprocurador, y Tomás Zarón, exjefe de la Agencia de Inteligencia, para inventar la «verdad histórica» y cerrar el caso Ayotzinapa que perjudicaba al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto
Para justificar la sentencia, el juez expuso que el órgano acusador intentó en aquel momento acreditar la existencia de Guerreros Unidos con una copia certificada de diversas sentencias en las que esa organización no aparee, pero sí otras como el “cartel de los Beltrán Leyva y “La Barredora”.
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