En una publicación en la red social Twitter, el jefe de Estado aseguró que un informe de la Auditoría General de la Nación (ANG) demostró que su predecesor, más allá de contraer una deuda, cometió un delito.
Según un estudio de ese organismo, los casi 57 mil millones de dólares otorgados en 2018 a este país constituyen la mayor cantidad aprobada en la historia del FMI y Argentina.
Dicha cantidad representa 127 veces la capacidad de endeudamiento de esta nación con el Fondo y por su magnitud y características impactó de manera adversa.
El acuerdo fue firmado por el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.
Además, no se cumplió con la Ley de Administración Financiera que exige al Banco Central la emisión de un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, concluyó la investigación.
También fue violada una norma que establece, que los préstamos multilaterales sean aprobados por decreto o por el Congreso.
No se implementó el procedimiento aplicable para la contratación, administración, control y supervisión de los préstamos, y la jefatura del Gabinete de Ministros no intervino en la negociación, autorización y suscripción del acuerdo, a pesar de tener esa función específica.
De acuerdo con la AGN, tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial, la cartera de Finanzas, ni se encontró el documento definitivo del pacto, porque existían múltiples versiones del texto.
El dictamen jurídico se emitió fuera de término y estuvo basado en una norma que no estaba vigente. Durante el período del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de medidas para evitarla fue tardía, añade el informe de auditoría.
En su publicación, Fernández precisó que el reporte de la AGN se suma a una denuncia presentada por él en 2021 a través de la Oficina Anticorrupción contra Macri y funcionarios de su Gobierno, como Dujovne, por defraudación y malversación de caudales públicos, la cual fue frenada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Además, por mi propia indicación, el Estado se convirtió en querellante. En diciembre de 2021 el FMI reconoció que la alianza Cambiemos no hizo ningún control de capitales para evitar la fuga. Fue un primer informe, esperamos la auditoría completa, indicó.
Una vez más, denunciamos la forma espuria en que Macri tomó la deuda: sin pasar por el Congreso e hipotecando nuestro futuro, concluyó.
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