En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que la SCJN «está tratando de bloquear todo lo que hacemos de forma abierta y descarada».
Desmintió que su Gobierno no quiera informar sobe las obras en ejecución como el Tren Maya, y es todo lo contrario porque la gente debe saber cuánto invertimos y el esfuerzo que se hace, solo que no queremos que haya negocio y corrupción ni engaños porque son inmorales y estúpidos.
Le aclaró a los magistrados que declarar una obra de interés público no significa que no se va a informar, sino que se va a proteger, pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas de decir mentiras sobre nosotros, están en contra.
Manifestó que no hay causa alguna para negar información sobre las obras, y lo que se dice de forma mal intencionada al respecto es parte de las acciones en contra del gobierno, pues ellos saben bien que la Auditoría de la Nación hace permanentemente su trabajo.
Lo claro, dijo, es que hay que proteger esas obras para que no se afecten por otros intereses antipatriotas y con ello no invento nada, pues eso es proteger también la soberanía nacional y el interés público, y los beneficios que van a traer para la gente, no para los grupos de intereses particulares.
Por eso, argumentó, tomamos ayer la decisión de decretar todas estas obras de seguridad nacional ante la decisión de la SCJN y enfrentar así a los que están promoviendo esas acciones.
Ellos reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, como las organizaciones del empresario Claudio X González cuyos abogados son los que presentan los amparos contra el Tren y otras obras, señaló.
Denunció que el Poder Judicial y la Suprema Corte forman parte también del mismo grupo conservador y corrupto, y puso como ejemplo que ayer mismo recibió la información de que su adversaria Norma Piña, jefa de la Corte, contrató a la que fue directora de recursos naturales del mafioso Genaro García Luna hallado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
La contratada formaba parte de la policía federal preventiva, la más corrupta del país, y está involucrada en las investigaciones de los numerosos ilícitos de García Luna y de todos los contratos que pasaban por sus manos y se entregaron ilegítimamente a empresas que están bajo investigación de la oficina de inteligencia financiera.
Y la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, que conoce bien todo ese intríngulis, la contrato como coordinadora del Consejo de la Judicatura Nacional para seguir avalando contratos de esa naturaleza, señaló el mandatario.
Dijo que ese es el Poder Judicial que se heredó del antiguo régimen, y hay que renovarlo porque obedece a los intereses de antes y existe para proteger a una minoría delincuentes de cuello blanco, no al pueblo y tiene una relación de componenda con los conservadores corruptos.
Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos y poner los intereses generales por encima de los particulares?, se preguntó.
rgh/lma
