El proyecto impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric recibió el rechazo, como es habitual, de los legisladores del extremista Partido Republicano y algunos miembros de la coalición de derecha Chile Vamos.
Sin embargo alcanzó los votos suficientes para lograr su despacho a ley y sólo está pendiente de ser promulgado en el organismo Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial.
El texto en cuestión establece que las empresas extranjeras extractoras de cobre y litio deben pagar al país una compensación proporcional al volumen de operaciones y la pureza del metal obtenido.
La medida entrará en vigor en 2024 y en una primera etapa permitirá recaudar el 0,45 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, unos mil 350 millones de dólares, de los cuales una buena parte será canalizada a los gobiernos regionales, provinciales y municipales.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que además de garantizar una distribución más justa de los ingresos, permitirá avanzar en la descentralización y el desarrollo en el interior del país al financiar obras públicas y programas de investigación.
Asimismo, el rector de la Universidad Central y exministro de Minería, Santiago González Larraín, señaló que la ley de royalty no afectará la competitividad de Chile en esa industria gracias a las condiciones geológicas existentes aquí para esa actividad.
Esa legislación, agregó, otorgará una profunda certeza jurídica a los inversionistas extranjeros, factor importante a la hora de atraer capitales foráneos.
De acuerdo con el senador Esteban Velásquez, uno de los autores del proyecto, estos recursos no beneficiarán solo a los municipios mineros, sino a la totalidad del territorio, desde Arica, en el norte, hasta Magallanes, en el extremo sur.
El legislador, miembro de la Federación Regionalista Verde Social, señaló que de esta manera Chile avanzará en la eliminación de las desigualdades entre distintas zonas del país para conseguir una nación más justa.
Durante esta semana también se realizó una interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el flujo de migrantes en situación irregular y una supuesta demora en la ejecución de los programas de seguridad ciudadana.
La funcionaria demostró que el mayor ingreso de extranjeros indocumentados ocurrió en 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Respecto a la inseguridad señaló que la actual administración incrementó el presupuesto al Cuerpo de Carabineros y dotó a las policías de modernos equipos, medios de transporte y respaldo.
Después de más de dos horas de debate, Tohá recibió el voto favorable de la mayor parte de los diputados presentes en el hemiciclo.
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