Sangiuliano criticó la acción protagonizada por nueve integrantes del grupo ambientalista Última Generación, quienes tiñeron de negro las aguas de esa fuente, monumento barroco del siglo XVIII, incluida desde 1980 como Patrimonio Mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (Unesco).
Los ambientalistas arrojaron en las aguas un líquido que ennegreció las mismas, desplegaron una pancarta con el mensaje «No pagamos por los combustibles fósiles», y gritaron consignas en defensa de la naturaleza y contra el cambio climático responsable, según señalaron, de catástrofes como las recientes inundaciones al norte del país.
Última Generación demandó a través de las redes sociales, que se bloqueen los subsidios públicos para esos combustibles, y «se ponga atención al colapso climático al que nos dirigimos».
El reconocido arqueólogo italiano Daniele Manacorda, expresó en declaraciones a La Repubblica que, aunque reconoce la importancia de preservar el medio ambiente, “no entiende por qué se deben realizar acciones que también pueden dañar los monumentos históricos para abordar ese problema que, sin embargo, es real».
“Atacar monumentos por parte de ecovándalos, se está convirtiendo en un ritual cansino que lamentablemente, sin embargo, tiene un costo económico para los ciudadanos”, expresó el ministro de Cultura.
Así se refirió a hechos recientes contra la Fuente de la Barcaza, ubicada frente a la escalinata de la capitalina Plaza de España, y que afectaron el Palacio Madama, sede del Senado italiano.
También fueron dañados a inicios de este año por miembros de ese grupo el edificio de La Scala de Milán y el Palazzo Vecchio, de Florencia, mientras que el pasado 6 de mayo cuatro integrantes del mismo realizaron contra la Fuente de los Cuatro Ríos de Plaza Navona, una protesta similar a la de este fin de semana en la Fontana di Trevi.
El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, expresó que “hoy ha sido vandalizada la Fontana di Trevi. Su recuperación será cara y compleja y esperamos que no haya daños permanentes”, a la vez que pidió el fin de “estas absurdas agresiones a nuestro patrimonio artístico”.
“Invito a los activistas a medirse en un terreno de debate sin poner en riesgo los monumentos”, agregó Gualtieri.
El 11 de abril de este año el Consejo de Ministros de Italia aprobó un decreto que establece “una multa administrativa de entre 20 mil y 60 mil euros para quien destruya, disperse, deteriore o inutilice, total o parcialmente, bienes culturales o paisajísticos propios o ajenos”.
También incluye sancionar con el pago de entre 10 mil y 40 mil euros “a quien desfigure, manche o destine bienes culturales a un uso perjudicial o incompatible con su carácter histórico o artístico”.
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