La decisión no sorprendió dado el abierto enfrentamiento que protagoniza la SCJN con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en particular su jefa, la magistrada Norma Piña.
Previendo ese desenlace, el mandatario presentó otro similar la semana pasada
sobre el cual la decisión de este lunes no tiene efectos ya que se trata de actos jurídicos diferentes.
En el caso del acuerdo de 2021, el pleno de ministros decidió, por seis votos contra cinco (una diferencia de un sufragio que lo marcó la propia magistrada Piña), que el decreto presidencial no tendrá ningún efecto legal.
Es decir, que cualquiera puede solicitar información por delicada, susceptible y riesgosa que sea, sin que se le pueda negar alegando para ello razones de seguridad nacional.
La SCJN determinó que los efectos de su decisión no serán retroactivos, lo que implica que los permisos autorizados de manera expedita, en un plazo de cinco días, conforme al acuerdo ahora invalidado, no serán anulados.
El presidente López Obrador, al presentar el nuevo decreto, argumentó que la importancia estratégica para el desarrollo del sureste, el bienestar de los ciudadanos de esa región, y la trascendencia de las obras como los ferrocarriles del istmo y maya, y otras que obligan al gobierno a blindarlas por una cuestión de seguridad nacional.
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