La letrada señaló que «sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió», y que Uribe puede tener «la condición de partícipe».
La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, no aceptó la preclusión que pedían la Fiscalía y sus abogados.
Aunque la decisión puede ser apelada por la Fiscalía General ante el Tribunal Superior de Bogotá, el caso podría terminar con una pena de prisión de entre cuatro y 12 años para el exgobernante (2002-2010).
En 2012 la Corte Suprema de Justicia abrió el caso contra Uribe por manipulación de testigos y en 2018, lo llamó a indagatoria por fraude procesal y soborno.
Según las investigaciones, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, el exmandatario -fundador del derechista partido Centro Democrático- intentó manipular versiones de varios exparamilitares para ocultar su participación y vínculos con el paramilitarismo.
En 2020, la Corte Suprema consideró que se debía detener a Uribe mientras seguían las investigaciones, sin embargo, el expresidente renunció a su curul en el Senado para que el proceso pasara a manos de la Fiscalía.
En 2021, el fiscal Gabriel Jaimes Durán solicitó a un juez archivar las investigaciones contra Uribe, argumentando que no había pruebas suficientes en su contra, solicitud negada en ese momento y hoy, por segunda vez.
La Fiscalía interpondrá un recurso de apelación y el fiscal Javier Cárdenas sustentará mañana el recurso.
npg/otf
