Los 24 miembros de ese organismo estuvieron a favor de una norma, donde se establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud, vivienda, agua y saneamiento, educación y seguridad social sin discriminación o diferenciación arbitraria.
También aprobaron el derecho a la integridad personal, física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes y en este sentido quedó prohibida la aplicación de la pena de muerte.
Un tema muy discutido fue la enmienda introducida por representantes de partidos de derecha, donde pedían garantizar la vida del que está por nacer, la cual implicaba la prohibición de la interrupción del embarazo en cualquiera de sus causales.
Finalmente este texto fue rechazado por la mayoría de los miembros del comité de expertos.
En Chile el aborto sólo es permitido cuando el feto es inviable, existe riesgo probado para la vida o la salud de la mujer o si la gestación se debe a una violación.
Quedó plasmado en el proyecto «el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en ese ejercicio”.
Otra norma aprobada fue la garantía de libertad religiosa, la cual contempla la posibilidad del culto y de profesar, conservar y cambiar de creencias, individual o colectivamente.
También se establece el derecho a divulgar la religión tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza, que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
Los expertos ratificaron los cuatro estados de excepción contenidos en la actual Carta Magna, que son los de asamblea, de sitio, de excepción y de emergencia.
Entre otros temas, establecieron un catálogo de deberes para los habitantes de Chile, entre ellos asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos, los cuales deben ser reciprocados por estos hacia sus padres, madres y ascendientes cuando los necesiten.
El plazo para continuar el análisis y votación del borrador de ley fundamental se extiende hasta el 6 de junio a más tardar y un día después, el contenido se entregará al Consejo Constitucional, órgano encargado de la redacción final.
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