En un comunicado, la Cancillería precisó que solicitó a la OMC determinar la razonabilidad de un reclamo argentino por acciones antidumping establecidas por el país norteño.
Las medidas de ese tipo son un recurso utilizado frente a una competencia desleal que consiste en la exportación de productos a un precio inferior al de venta normal, lo cual genera daño a los productores locales, explicó el texto.
Sin embargo, Argentina considera que no fueron examinadas adecuadamente las pruebas ni existen indicios suficientes que justifiquen dichas disposiciones en su contra.
Además, alega que las mismas son incompatibles con las obligaciones que corresponden a Estados Unidos en virtud de las normas internacionales.
La medida afecta la comercialización de tubos para campos petrolíferos, un producto siderúrgico de alto valor agregado utilizado en la industria.
Las exportaciones argentinas fueron seriamente afectadas desde noviembre de 2022 por la decisión de Washington. Los intentos de encontrar una solución de común acuerdo no dieron resultado, por lo que el Gobierno acudió a la OMC en búsqueda de una nueva instancia de negociación para defender sus intereses, detalla la Cancillería.
Cabe destacar que las exportaciones argentinas de los tubos se encuentran sujetas a una cuota impuesta en 2018, que limita las ventas nacionales a un volumen que no causa daño al mercado estadounidense, añade.
Además, apunta que la medida antidumping —con una vigencia de cinco años— generaría un perjuicio de mil millones de dólares durante ese lapso.
Esa acción no alivia el supuesto daño a la industria estadounidense. Simplemente facilita el reemplazo de los tubos argentinos en ese mercado por los de otros orígenes a un precio aún menor, concluye.
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