Sin el blindaje compuesto por cientos de leyes de protección, ocultas en una madeja de supuestos elementos judiciales, la corrupción que introdujo el neoliberalismo del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988) con su “nuevo modelo de desarrollo” y el saqueo enfatizado por Carlos Salinas de Gortari y llevado al extremo por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubiesen sido imposibles.
Este poder fue clave en la formación de un Legislativo también a imagen y semejanza del neoliberalismo, que en gran medida se moldeó desde el Instituto Nacional Electoral, dependiente del Tribunal Electoral y la SCJN, en la repartición de curules entre los partidos políticos más importantes y dominantes como el Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
La SCJN fue el epicentro de la corrupción, la cual avalaba y facilitaba con leyes turbias la impunidad con la que actuaba el Poder Ejecutivo, en particular el presidente de la República.
Avaló la privatización de las empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos y la de todos los sectores, desde la minería y el transporte hasta electricidad, educación, salud e industria farmacéutica.
En más de cuatro años y medio de intentarlo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado reformar el Poder Judicial, pues no aprovechó el poco tiempo que gozó de mayoría calificada en el Congreso para concretarlo y, después de perderla, le ha sido imposible hacerlo.
Ahora espera que su relevo en 2024 sea quien lo haga, si es que gana también dicha mayoría parlamentaria.
Tales perspectivas han hecho que la oposición de la SCJN a López Obrador se radicalice al extremo de que ya es imposible acuerdo alguno de reconciliación, y explica por qué todo lo que salga como iniciativa del Ejecutivo será bloqueado por la Suprema Corte, ahora más con una ultraconservadora conduciéndola como la magistrada Norma Piña.
Todo esto explica —más allá de otros intereses— el motivo de la oposición del máximo órgano judiciala obras estratégicas como los ferrocarriles del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cuyo decreto que las declara de seguridad nacional fue anulado.
Previendo eso, López Obrador se adelantó y promulgó otro similar, cuyo proceso de anulación llevará probablemente el mismo tiempo que el anterior y permitirá un mínimo de afectación de los trabajos de infraestructura. Lo que sí es seguro que, de ganar la IV Transformación las elecciones generales de julio de 2024 en los términos esperados, los magistrados del Poder Judicial ni serán nombrados por los partidos ni ganarán cinco veces más que el presidente de la nación.
(Tomado de Orbe)
