El sondeo del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP) verificó que el 81 por ciento de los consultados cree que en la represión de las protestas, que dejó un saldo de casi 70 muertos entre diciembre y marzo pasados, hubo violaciones de derechos humanos.
Esa percepción se eleva a 87 por ciento en el sur del país, donde las protestas alcanzaron una mayor intensidad, y a 86 por ciento entre los jóvenes consultados, en tanto, solo el 16 por ciento a nivel nacional cree que no hubo violaciones de derechos humanos.
El Gobierno sostiene que esos derechos son respetados y, ante los informes nacionales e internacionales que acreditan lo contrario, alega que eso debe determinarlo el Ministerio Público, a cuya titular Patricia Benavides, la oposición progresista considera proclive al Ejecutivo.
Por otra parte, el 71 por ciento piensa que sus derechos básicos están nada (31) o poco (40) protegidos, mientras un 72 por ciento señala que el derecho a la protesta está nada (41) o poco (31) cautelado, y 69 por ciento que la libertad de expresión está poco (31) o nada (38) resguardada.
El IEP consultó también a los encuestados sobre los casos de violencia y vandalismo registrados durante las protestas y que el Gobierno y la prensa derechista resaltan como justificación de las acciones militares y policiales.
Al respecto, el 55 por ciento señaló que los autores de la violencia civil fueron una minoría y el 33 por cinto la atribuye a la mayoría de los manifestantes.
De otro lado, la mayoría criticó el papel de la prensa durante las demostraciones contra el ascenso de Dina Boluarte en reemplazo del presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso, que tiene una aprobación de solo el seis por ciento.
Sobre el tema, el 65 por ciento considera que los medios de comunicación informaron de manera parcializada sobre las protestas y solo el 25 por ciento consideró que lo hicieron en forma objetiva.
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