Por Yosbel Bullaín
Corresponsal jefe en Nicaragua
Con ese propósito el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley de Justicia Tributaria y lo envió al Congreso Nacional, donde se espera su aprobación.
El poder legislativo creó una comisión especial encargada de dictaminar la iniciativa y socializarla con los diferentes sectores de la sociedad hondureña, proceso que concluyó el 19 de mayo.
Autoridades gubernamentales dijeron que con el nuevo sistema aspiran a detener el abuso de las exoneraciones y hacer más equitativo lo referente a los tributos, de modo que quienes más ganen, paguen más. Según analistas, con el golpe de Estado en 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, los golpistas concedieron un feriado tributario para los ricos al crear regímenes de exoneraciones fiscales a las grandes empresas, entre otras acciones.
La presidenta Xiomara Castro manifestó en un reciente discurso la necesidad de revisar las exoneraciones, pues se dio cuenta que las administraciones anteriores las utilizaron y abusaron, y se llevó al nivel de corrupción.
En ese sentido, el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, informó que en 12 años se otorgaron en Honduras, por concepto de exoneraciones, 451 mil millones de lempiras (unos 18 mil 289 millones de dólares), un 116 por ciento superior a la deuda pública de la nación.
El funcionario explicó que en su país existen 300 mil empresas, de las cuales 21 mil son formales, 280 mil informales que sí pagan impuestos, mientras menos de dos mil no abonan los tributos.
“Nos referimos a los abusos existentes actualmente en los regímenes que administra Desarrollo Económico, Instituto Hondureño de Turismo. Existen abusos ampliamente constatados en las leyes”, enfatizó el directivo del SAR.
Ochoa se refirió a las 400 empresas en el régimen de zona libre que la ley les permite introducir hasta el 50 por ciento de su producción al mercado local sin pagar impuestos.
Entre las evasiones fiscales de las empresas con “privilegio heredado de los gobiernos neoliberales” mencionó los impuestos sobre la renta, activo neto, ganancias de capital, derechos arancelarios a la importación y aportación social para la conservación del patrimonio vial.
CAMPAÑA DE DESCRÉDITO
Grupos contrarios al Gobierno, con el propósito de impedir la aprobación de la normativa en el Congreso Nacional, desarrollaron una campaña de desinformación que generó una manifestación en la sureña ciudad de Choluteca.
A raíz de esas acciones, el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Honduras condenó los actos de violencia generados contra el proyecto y ordenó abrir una investigación.
La gobernante hondureña aseguró que el sector privado distorsiona la realidad de la iniciativa de ley y afirmó que quienes se oponen a su aprobación “se benefician de la corrupción” o “no entienden su importancia”.
Los grupos de poder crearon una matriz de opinión distinta a los verdaderos intereses del Gobierno.
Comunicaron, por ejemplo, que a las remesas familiares se les impondría impuestos, lo cual afectaría la economía de las familias.
Al respecto, el Banco Central de Honduras descartó dicha afirmación y añadió que no contempla gravar las remesas familiares pues “representan transferencias de recursos económicos de nuestros migrantes originados desde los lugares donde residen”.
Los manipuladores de la información también atacaron el tema de las inversiones y aseguraron que la ley “crea un ambiente de inseguridad e inestabilidad a los emprendedores”.
En ese sentido, el titular del SAR explicó que promoverán inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo para erradicar la pobreza y contener la migración.
La primera mujer presidenta de Honduras instó a la población a mantenerse atenta ante esas operaciones de personas y grupos que pretenden utilizarlos para mantener sus privilegios y evitar rendir cuentas.
APOYO OBRERO
Los obreros del país de los pinos dieron un espaldarazo a la búsqueda de consensos en torno a un verdadero Estado de derecho y garantías sociales.
Afirmaron que con la referida normativa se hace efectivo el mandato constitucional de redistribuir el ingreso y la riqueza producida por los trabajadores.
La clase obrera hondureña se pronunció a favor de una verdadera independencia, pues la “proclamada hace 200 años es solo declarativa e ilusoria”.
Asimismo, llamó a impulsar desde el Estado, la cooperación, el apoyo y la solidaridad entre los pueblos, así como unificar políticas laborales y fiscales entre los países centroamericanos y del Caribe frente a la inversión extranjera.
Aludió a la necesidad de hacer de la soberanía alimentaria una prioridad, como parte del plan de desarrollo nacional, al tomar todas las medidas necesarias desde el ámbito económico, técnico, fiscal, monetario y de reformas.
Además, destacó la importancia de efectuar la reforma agraria integral, mediante una nueva ley que permita el acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica y mercados a los pequeños y medianos productores, y trabajadores del campo.
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